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Sentencia nº Rol 259 de Tribunal Constitucional, de 26 de Septiembre 1997

ROL Nº 259

REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO PARA QUE EL TRIBUNAL RESUELVA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL TÍTULO II DEL.PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTROS TEXTOS LEGALES, DENOMINADO INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS DE CONSUMO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 82, N° 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Santiago, veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS:

Con fecha 5 de septiembre, don Sergio Romero Pizarro, en su calidad de Presidente del Senado, ha presentado, en representación de esa Corporación, un requerimiento para que se declare la inconstitucionalidad del Título II del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y otros textos legales, denominado Información sobre Créditos de Consumo.

La parte requirente plantea, en primer término, que el Título II del proyecto en análisis es inconstitucional por la siguientes razones de forma:

La indicación formulada por el Presidente de la República mediante Oficio 048-333, de 10 de junio de 1996, sustituyendo el Nº 2º del artículo 2º del proyecto, debió haber sido declarada inadmisible, en conformidad con lo que dispone el artículo 66 de la Carta Fundamental, por cuanto su contenido no tenía relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Señala la parte requirente que constituyen ideas fundamentales o matrices del proyecto, aquellas contenidas en el Mensaje o Moción, de manera que si un tema no figura en el Mensaje respectivo no se puede incorporar durante su tramitación, por muy relevante que sea la cuestión, debiendo ser materia de un nuevo proyecto de ley. En este caso, el proyecto original tenía tres objetivos, a saber: normas sobre modernización de los bancos, normas sobre nuevos negocios de la banca, realizados directamente o a través de sociedades relacionadas, y normas sobre internacionalización de la banca. Ninguna relación tiene lo anterior con la creación de un sistema de información de deudas de personas naturales con los establecimientos comerciales.

Concluye la parte requirente que la indicación presidencial sobre información de deudas de personas naturales con establecimientos comerciales, como la proposición alternativa que sobre la misma materia aprobó la Comisión Mixta, son inconstitucionales, por ser su contenido ajeno a las ideas matrices el proyecto.

Se señala que la competencia de una Comisión Mixta tiene claros límites establecidos por las normas constitucionales vigentes. Su objeto es proponer la forma o modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras. Si bien dicha competencia es amplia, puesto que no se establecen reglas sobre las soluciones que puede proponer dicha Comisión a cada una de las Cámaras, no es ilimitada, puesto que su marco de acción se restringe a resolver las divergencias existentes entre ambos órganos legislativos.

En otras palabras, la proposición de una Comisión Mixta no puede exceder lo debatido por las Cámaras ni contemplar soluciones o referirse a materias no conocidas por ellas. Si así fuera, se estarían vulnerando las normas constitucionales sobre formación de la ley, porque se estaría aprobando un proyecto en una votación única y en conjunto con otras materias, que solo habría sido discutido y conocido por una Comisión Mixta, sin aprobarse la i...

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